Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4980-2010, en relación con el apartado segundo de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la redacción dada por la disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio.

Resumen

Este documento es un edicto del Tribunal Constitucional de España, publicado en el Boletín Oficial del Estado, relativo a la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad número 4980-2010. Objeto principal: El objeto principal es informar sobre la admisión a trámite de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La cuestión se refiere a la posible inconstitucionalidad del apartado segundo de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la redacción dada por la disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio. Se alega una posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española. A quién afecta: Afecta principalmente a las partes del procedimiento judicial núm. 1278/2007 que dio origen a la cuestión de inconstitucionalidad. También afecta, en un sentido más amplio, a cualquier persona o entidad que pueda verse afectada por la aplicación de la disposición legal cuestionada. Disposiciones más relevantes: Admisión a trámite: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad. Artículo cuestionado: Se cuestiona la constitucionalidad del apartado segundo de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, en su redacción modificada por la Ley 25/2006. Precepto constitucional presuntamente vulnerado: Se alega la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española, que consagra los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad y interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Derecho a personarse: Se concede un plazo de quince días, a partir de la publicación del edicto en el BOE, para que quienes sean parte en el procedimiento judicial núm. 1278/2007 puedan personarse ante el Tribunal Constitucional. Asignación a Sala:** Se informa que el conocimiento de la cuestión ha sido deferido a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.