Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre el uso de datos sismológicos primarios, sismológicos auxiliares e hidroacústicos con fines de alerta de tsunamis, hecho en Viena el 13 de junio de 2022, cuya aplicación provisional fue publicada en el "Boletín Oficial del Estado" núm. 150, de 24 de junio de 2022.

Resumen

Este documento legal es un anuncio oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que informa sobre la entrada en vigor del "Acuerdo entre el Reino de España y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre el uso de datos sismológicos primarios, sismológicos auxiliares e hidroacústicos con fines de alerta de tsunamis". El objeto principal del Acuerdo es permitir el uso de datos recolectados por la red de monitoreo del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) – específicamente datos sismológicos primarios, sismológicos auxiliares e hidroacústicos – para mejorar los sistemas de alerta temprana de tsunamis. Esto implica una colaboración entre España y la Comisión Preparatoria del TPCE para compartir y utilizar esta información con el fin de proteger a la población costera de los peligros asociados a los tsunamis. Este anuncio afecta principalmente a las instituciones y organismos españoles responsables de la gestión de riesgos sísmicos y la alerta de tsunamis, así como a la Comisión Preparatoria del TPCE. Indirectamente, beneficia a la población costera de España al fortalecer la capacidad de detección y alerta temprana de tsunamis. La disposición más relevante es la fecha de entrada en vigor del Acuerdo: el 1 de abril de 2023. Esta fecha marca el inicio formal de la aplicación del acuerdo, permitiendo el intercambio y uso de datos para fines de alerta de tsunamis. El anuncio también hace referencia a la publicación previa de la aplicación provisional del acuerdo en el BOE, indicando que el proceso legal para su implementación está completo.