Real Decreto 52/2019, de 8 de febrero, por el que se indulta a don Luis Alberto González Sanz.

Resumen

Este documento es un Real Decreto de indulto, específicamente el Real Decreto 52/2019, emitido el 8 de febrero de 2019. Su objeto principal es conceder un indulto parcial a don Luis Alberto González Sanz, quien fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito contra la ordenación del territorio. El Real Decreto afecta directamente a Luis Alberto González Sanz, el condenado, y, en menor medida, al sistema judicial al modificar la pena impuesta. Las disposiciones más relevantes son: Concesión de Indulto Parcial: Se le indulta un año de la pena de prisión impuesta a Luis Alberto González Sanz. Mantenimiento del Resto de la Condena: Se especifica que el resto de los pronunciamientos de la sentencia original se mantienen vigentes. Esto incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, la multa y la inhabilitación especial para las actividades de promoción y construcción inmobiliaria. Condición Resolutoria: El indulto está condicionado a que Luis Alberto González Sanz no cometa ningún delito doloso en un plazo de tres años a partir de la publicación del Real Decreto. Si comete un nuevo delito doloso en ese período, el indulto quedará sin efecto. Justificación del Indulto: El Real Decreto menciona que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, y que, atendiendo a las circunstancias del condenado, concurren razones de justicia y equidad para conceder el indulto. Firma y Responsabilidad:** El Real Decreto está firmado por el Rey Felipe VI y refrendado por la Ministra de Justicia, Dolores Delgado García, quien asume la responsabilidad política del acto. En resumen, el Real Decreto concede un indulto parcial a un condenado por un delito urbanístico, reduciendo su pena de prisión, pero manteniendo el resto de las sanciones impuestas, bajo la condición de no reincidir en un delito doloso en un plazo de tres años. La decisión se basa en razones de justicia y equidad, según los informes considerados.