Recurso de inconstitucionalidad n.º 5516-2023, contra los artículos 8 a) y c); 11.1 e); 15.1; 16.1 d); 18.2, 3 y 4; 19.1 y 3; 27.1 y 3; 28.1; 35; disposición adicional tercera; disposición transitoria primera, párrafo 2; disposición final primera, apartados uno, tres y seis; y disposición final quinta de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Resumen

Resumen del Recurso de Inconstitucionalidad n.º 5516-2023 Este documento es una providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de España que informa sobre la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad. El recurso, identificado con el número 5516-2023, ha sido interpuesto por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears. El objeto principal del recurso es impugnar la constitucionalidad de varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, conocida como la "Ley por el Derecho a la Vivienda". Los artículos y disposiciones específicas impugnadas son: 8 a) y c); 11.1 e); 15.1; 16.1 d); 18.2, 3 y 4; 19.1 y 3; 27.1 y 3; 28.1; 35; disposición adicional tercera; disposición transitoria primera, párrafo 2; disposición final primera, apartados uno, tres y seis; y disposición final quinta. A quién afecta: Este recurso afecta, en primer lugar, al Gobierno de España, como emisor de la ley impugnada. También afecta potencialmente a todos los ciudadanos y entidades que se rigen por la Ley 12/2023, especialmente en las Illes Balears, dado que es su gobierno quien ha interpuesto el recurso. La resolución del Tribunal Constitucional tendrá un impacto significativo en la aplicación y validez de la Ley de Vivienda a nivel nacional. Disposiciones más relevantes: La providencia no detalla los argumentos específicos del recurso, pero sí identifica las partes de la Ley de Vivienda que se consideran potencialmente inconstitucionales. Estas partes abarcan diversos aspectos de la regulación del derecho a la vivienda, incluyendo definiciones, medidas para garantizar la función social de la propiedad, limitaciones a los precios del alquiler, la declaración de zonas tensionadas, y otros aspectos relacionados con la planificación y gestión de la vivienda. La admisión a trámite del recurso significa que el Tribunal Constitucional considera que existen fundamentos suficientes para analizar la constitucionalidad de estas disposiciones.