Resolución 160/38049/2020, de 17 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 163/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, sede Valladolid, Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el recurso contencioso-administrativo número 163/2020, interpuesto por Don Javier Gato Herrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, sede Valladolid, Sala de lo Contencioso-Administrativo. Esta resolución afecta a cualquier persona o entidad que pueda verse afectada por la decisión judicial que se tome en el mencionado recurso contencioso-administrativo. Esto incluye, pero no se limita a, otros aspirantes al ingreso en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, así como a la propia Guardia Civil y sus órganos de selección. Las disposiciones más relevantes son: La existencia del recurso contencioso-administrativo: Se informa que Don Javier Gato Herrero ha interpuesto un recurso contra la resolución que desestimó su recurso de alzada contra la decisión de declararlo "no apto" en la prueba de entrevista personal para el ingreso en los centros docentes de formación de la Guardia Civil. El emplazamiento a los interesados: Se notifica públicamente a todos los interesados para que puedan comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León en el plazo de nueve días a partir de la publicación de esta resolución. Esto les permite personarse en el procedimiento, defender sus intereses y presentar las alegaciones que consideren oportunas. Referencia a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:** Se cita el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que fundamenta el emplazamiento a los interesados en el recurso. En resumen, la resolución busca garantizar la transparencia y el derecho a la defensa de todos aquellos que puedan verse afectados por la decisión judicial en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un aspirante a la Guardia Civil que fue declarado no apto en el proceso de selección.