Resolución 160/38084/2009, de 14 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1992/2008, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta de Madrid.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1992/2008, interpuesto por Don Álvaro Gil García ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta. La resolución afecta a cualquier persona o entidad que pueda tener un interés legítimo en el resultado del mencionado recurso contencioso-administrativo. Esto incluye, potencialmente, a otros miembros de la Guardia Civil, aspirantes a ingresar en la misma, o cualquier otra persona que se considere afectada por la resolución impugnada. Las disposiciones más relevantes son: Identificación del Recurso: Se especifica el número de recurso contencioso-administrativo (1992/2008) y el tribunal ante el que se ha interpuesto (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta). Motivo del Recurso: Se indica que el recurso se interpone contra la Resolución de la Subsecretaria de Defensa de fecha 1 de septiembre de 2008, que acordó la baja de Don Álvaro Gil García del Centro Docente Militar de Formación por pérdida de aptitudes psicofísicas, basándose en la Ley 42/1999 y la Orden del Ministerio de la Presidencia de 13 de diciembre de 1996. Emplazamiento a Interesados: Se emplaza a todos aquellos que puedan tener un interés en el resultado del recurso a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de nueve días a partir de la publicación de esta Resolución. Esto les permite personarse en el procedimiento y defender sus intereses. Fundamento Legal: Se cita el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como base legal para el emplazamiento. En resumen, la resolución busca garantizar la transparencia y el derecho a la defensa en el proceso judicial, permitiendo que cualquier persona con un interés legítimo en el caso pueda participar en el mismo.