Resolución 160/38099/2020, de 13 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 145/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, específicamente la Resolución 160/38099/2020, de fecha 13 de marzo de 2020. El objeto principal de esta resolución es emplazar a todos aquellos que puedan estar interesados en el recurso contencioso-administrativo número 145/2020, interpuesto por Don Camilo Gil Álvarez ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta. La resolución afecta a todos aquellos que tengan un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo mencionado. Esto incluye, pero no se limita a, otros aspirantes a ingresar en los centros docentes de formación de la Guardia Civil, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias, que se vieron afectados por la misma convocatoria. Las disposiciones más relevantes son: La existencia de un recurso contencioso-administrativo (145/2020) interpuesto contra la desestimación del recurso de alzada de Don Camilo Gil Álvarez. Este recurso de alzada se originó por los resultados de la prueba de reconocimiento médico de la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación de la Guardia Civil. El emplazamiento a los interesados para que comparezcan ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de nueve días a partir de la publicación de esta resolución. Esto les permite personarse en el procedimiento y defender sus intereses si lo consideran necesario. La referencia a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, específicamente su artículo 49.1, que fundamenta la obligación de notificar a los posibles interesados. En resumen, la resolución busca garantizar el derecho a la defensa y la participación en el proceso judicial de todos aquellos que puedan verse afectados por la decisión final del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el recurso contencioso-administrativo interpuesto.