Resolución 160/38163/2020, de 12 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 256/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el recurso contencioso-administrativo número 256/2020, interpuesto por Don José Antonio Bermúdez Rosell contra la Guardia Civil, para que puedan comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La resolución afecta a cualquier persona o entidad que se considere perjudicada o interesada en el resultado del recurso contencioso-administrativo mencionado. Esto incluye, pero no se limita a, otros aspirantes al proceso selectivo, asociaciones profesionales, o cualquier otra parte que pueda verse afectada por la decisión judicial. Las disposiciones más relevantes son: Identificación del Recurso: Se especifica el número de procedimiento (256/2020) y el tribunal ante el que se ha interpuesto (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta). Motivo del Recurso: El recurso se interpone contra la Resolución núm. 20492, de 13 de febrero de 2020, que desestimó el recurso de alzada presentado por Don José Antonio Bermúdez Rosell. Este recurso de alzada, a su vez, impugnaba la decisión del Tribunal de Selección que lo declaró "No Apto" en la prueba de entrevista personal, excluyéndolo del proceso selectivo para ingresar en la Escala de Cabos y Guardias. Emplazamiento: Se emplaza a los interesados a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de nueve días a partir de la publicación de esta Resolución. Esto les permite personarse en el procedimiento y defender sus intereses. Base Legal: Se fundamenta en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece la obligación de notificar a los interesados en un recurso contencioso-administrativo.