Resolución 160/38229/2020, de 27 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 239/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el recurso contencioso-administrativo número 239/2020, interpuesto por Don Juan Raúl Leiva Villarrubia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta. La resolución afecta a cualquier persona o entidad que pueda verse afectada por el resultado del recurso contencioso-administrativo mencionado. Esto incluye, pero no se limita a, otros aspirantes en el proceso selectivo de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil convocado en 2017. Las disposiciones más relevantes son: Identificación del Recurso: Se identifica claramente el número de recurso (239/2020) y el tribunal ante el que se ha interpuesto (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta). Objeto del Recurso: Se especifica que el recurso contencioso-administrativo se interpone contra la Resolución núm. 574 de 3 de enero de 2020, del General Jefe de la Jefatura de Enseñanza, que desestimó la solicitud de Don Juan Raúl Leiva Villarrubia para ser escalafonado en el proceso selectivo de la Escala de Cabos y Guardias convocado en 2017. Emplazamiento: Se emplaza a los interesados a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de nueve días a partir de la publicación de esta Resolución. Esto les permite personarse en el procedimiento y defender sus intereses. Fundamento Legal: Se cita el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como base legal para el emplazamiento. En resumen, la resolución busca garantizar que todas las partes potencialmente afectadas por el recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de participar en el proceso judicial y defender sus derechos. El plazo para comparecer ante el tribunal es crucial para aquellos que deseen involucrarse en el caso.