Resolución 3H0/38228/2020, de 29 de julio, del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, O.A., por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 15/2020, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4.

Resumen

Este documento es una Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, O.A. (en adelante, el Instituto), publicada el 29 de julio de 2020. El objeto principal de la resolución es emplazar a los posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo número 15/2020, interpuesto por "Paraíso entre dos Mares, SL" contra la Resolución 03/06/2019 del Instituto. Esta última resolución aprobaba definitivamente la subasta de una propiedad ubicada en la calle Juan de Austria, s/n, finca registral 26.585 (expediente I-11-340-006). La resolución afecta a todas aquellas personas o entidades que puedan tener un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo, es decir, a quienes pudieran verse afectados por la anulación o modificación de la resolución de aprobación de la subasta. Esto incluye, pero no se limita a, los licitadores que participaron en la subasta, los posibles compradores de la propiedad, y cualquier otra persona o entidad con derechos o intereses relacionados con la misma. Las disposiciones más relevantes son: La existencia de un recurso contencioso-administrativo (15/2020) interpuesto por "Paraíso entre dos Mares, SL" contra la Resolución 03/06/2019 del Instituto. El emplazamiento a todos los interesados para que se personen como demandados en el procedimiento contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4. El plazo de nueve días para personarse como demandados, contados a partir de la publicación de la resolución. La base legal para el emplazamiento, que se encuentra en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En resumen, la resolución busca garantizar que todos los posibles afectados por el recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de defender sus intereses ante el juzgado.