Resolución 430/38021/2010, de 20 de enero, de la Dirección General de Personal, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 230/2009, promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid.

Resumen

Resumen de la Resolución 430/38021/2010 Este documento es una Resolución emitida por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. Su objeto principal es emplazar a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el procedimiento abreviado número 230/2009, que se está tramitando ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid. ¿A quién afecta? La resolución afecta a todas las personas que puedan ser consideradas "interesadas" en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato de la Administración Pública contra la Orden DEF/891/2009, de 2 de abril. Esta Orden resolvió un concurso específico para la provisión de puestos de trabajo vacantes dentro del Ministerio de Defensa, que había sido convocado previamente por la Orden DEF/16/2009, de 13 de enero. En otras palabras, afecta a todos los participantes en dicho concurso, especialmente a aquellos que se vieron afectados por la resolución del mismo. Disposiciones Relevantes: Existencia de un Recurso Contencioso-Administrativo: Se informa de la existencia de un recurso presentado por un sindicato contra la resolución de un concurso de traslados en el Ministerio de Defensa. Emplazamiento a Interesados: Se emplaza formalmente a todos los posibles interesados a comparecer ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid. Plazo para Comparecer: Se establece un plazo de nueve días, a partir de la publicación de esta Resolución, para que los interesados puedan personarse ante el Juzgado. Fundamento Legal: La resolución se basa en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a notificar a los posibles interesados en un procedimiento judicial. En resumen, la resolución busca garantizar que todas las personas potencialmente afectadas por el recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de defender sus intereses ante el tribunal.