Resolución de 12 de julio de 2010, del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 278/2010, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, de Madrid.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España. Su objeto principal es emplazar (notificar formalmente) a terceros interesados en un recurso contencioso-administrativo específico. A quién afecta: La resolución afecta a todas aquellas personas físicas o jurídicas a las que el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, haya concedido o pueda conceder derechos, y a quienes tengan interés en que dicho Real Decreto se mantenga vigente. En otras palabras, afecta a aquellos que se benefician o quieren seguir beneficiándose de la regulación del derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero establecida en el Real Decreto impugnado. Disposiciones más relevantes: Existencia de un Recurso Contencioso-Administrativo: Se informa de la existencia de un recurso contencioso-administrativo (n.º 278/2010) interpuesto por la Asociación Provincial de Empresarios Transitarios Expedidores Internacionales ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 335/2010. Objeto del Recurso: El recurso impugna el Real Decreto 335/2010, que regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero. Emplazamiento a Terceros Interesados: Se emplaza a las personas que puedan tener derechos derivados del Real Decreto impugnado o interés en su mantenimiento a comparecer y personarse en el procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo para defender sus intereses. Plazo para Comparecer: Se establece un plazo de nueve días, a partir de la publicación de la resolución, para que los interesados se personen en el Tribunal Supremo. En resumen, la resolución es un aviso formal a los potenciales beneficiarios del Real Decreto impugnado para que, si lo desean, se unan al proceso judicial y defiendan la validez de la norma que les otorga derechos. El objetivo es garantizar que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de ser escuchadas en el proceso judicial.