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Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario nº. 221/2009, promovido por la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo contra la Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo.

BOE-A-2010-4111·11 de marzo de 2010·Ver en BOE ↗

Resumen

Resolución de la Secretaría General Técnica que emplaza a los interesados en el procedimiento contencioso-administrativo 221/2009, interpuesto por la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo contra la Orden SAS/1348/2009, que aprueba el programa formativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo. Afecta a personas físicas y jurídicas con interés legítimo en el mantenimiento de la orden impugnada. Se les concede un plazo de nueve días para comparecer como codemandados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el procedimiento ordinario número 221/2009, promovido por la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo contra la Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como codemandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 16 de febrero de 2010.—El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad y Política Social, Luis Pedro Villameriel Presencio.

Texto consolidado con carácter informativo. Solo la versión publicada en el BOE tiene validez jurídica.