Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2/324/2020-ANA, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.

Resumen

Este documento es una Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno de España. Su objeto principal es emplazar a terceros interesados en un recurso contencioso-administrativo específico (2/324/2020-ANA) para que puedan personarse en el proceso judicial si así lo desean. A quién afecta: Afecta a todas aquellas personas o entidades que puedan tener un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Jesús Escudero Gallego, Antonio Vera Palma y Gonzalo Molina Palomares. En otras palabras, afecta a cualquier persona o entidad que pueda verse afectada por la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en relación con este recurso. Disposiciones más relevantes: Identificación del Recurso: Se especifica el número de procedimiento judicial (2/324/2020-ANA) y el tribunal ante el que se tramita (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda). Motivo del Recurso: El recurso contencioso-administrativo se interpuso contra la Resolución de 22 de junio de 2020 del Subdirector General de Recursos Humanos, que desestimó la emisión de un certificado de silencio administrativo positivo solicitado por los recurrentes. Emplazamiento: Se notifica a los posibles interesados para que, si lo consideran oportuno, se personen en el procedimiento judicial. Plazo: Se establece un plazo de nueve días, a partir del día siguiente a la publicación de la resolución, para que los interesados se personen ante el tribunal. Responsabilidad:** La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cumple con la orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al realizar este emplazamiento. En resumen, la resolución busca garantizar el derecho a la defensa y la participación en el proceso judicial de cualquier persona o entidad que pueda verse afectada por la decisión del tribunal en relación con el recurso contencioso-administrativo mencionado.