Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 83/2018, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Secretaría General Técnica, dependiente del gobierno español, con fecha 2 de abril de 2018. Su objeto principal es emplazar (notificar formalmente) a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el recurso contencioso-administrativo número 83/2018, interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. La resolución afecta a cualquier persona física o jurídica que considere que sus derechos o intereses pueden verse afectados por el resultado del recurso contencioso-administrativo interpuesto por AEDAF. En particular, podría afectar a asesores fiscales, contribuyentes y, en general, a cualquier persona sujeta al régimen sancionador tributario español. Las disposiciones más relevantes son: Existencia del Recurso: Se informa de la existencia de un recurso contencioso-administrativo (83/2018) interpuesto por AEDAF contra el Real Decreto 1072/2017, que modifica el Reglamento general del régimen sancionador tributario. Objeto del Recurso: El recurso impugna el Real Decreto 1072/2017, lo que implica que se cuestiona la legalidad de las modificaciones introducidas en el régimen sancionador tributario. Emplazamiento: Se ordena el emplazamiento de los interesados para que, si lo desean, se personen en el procedimiento judicial. Plazo: Se establece un plazo de nueve días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la resolución, para que los interesados se personen ante el Tribunal Supremo. Fundamento Legal:** La resolución se basa en el artículo 49 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece el procedimiento para emplazar a los interesados en un recurso. En resumen, la resolución busca garantizar que todos los posibles afectados por el recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de participar en el proceso judicial y defender sus intereses. La falta de personación en el plazo indicado podría implicar la pérdida de la oportunidad de influir en la decisión final del Tribunal Supremo.