Resolución de 20 de abril de 2010, de la Dirección General de Servicios, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 52/2010, procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Dirección General de Servicios, dependiente de la Administración Pública española. Su objeto principal es emplazar a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo número 52/2010, interpuesto por Don Francisco José Clemente Comendador ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid. A quién afecta: La resolución afecta directamente a todas aquellas personas que puedan tener un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo mencionado. Esto incluye, presumiblemente, a otros aspirantes o participantes en el concurso específico convocado por la Orden TIN/1932/2009 de 16 de julio, que se sientan afectados por la impugnación de dicha orden. Disposiciones más relevantes: Objeto del Recurso: El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Orden TIN/1932/2009, que convocaba un concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social (Unidades Provinciales de Informática). Emplazamiento: Se emplaza a los interesados para que se personen como demandados en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la resolución. Fecha de la Vista: Se informa de la fecha y hora de la vista oral, que tendrá lugar el 12 de junio de 2012 a las 13:00 horas en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid. Fundamento Legal: La resolución se basa en el artículo 49 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece el procedimiento para emplazar a los interesados en un recurso. En resumen, la resolución busca garantizar el derecho a la defensa y la participación en el proceso judicial de todos aquellos que puedan verse afectados por la decisión que se tome en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la convocatoria de un concurso público.