Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Resumen

Este documento es una Resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial que publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria. El objeto principal del acuerdo es abordar las discrepancias surgidas en relación con varios artículos de la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Específicamente, las discrepancias se centran en los artículos 3.3, 8, 12, 13, 14 y las Disposiciones adicionales segunda y tercera de dicha ley cántabra. Este acuerdo afecta tanto a la Administración General del Estado como a la Comunidad Autónoma de Cantabria, ya que ambas partes están involucradas en la resolución de las discrepancias. Las disposiciones más relevantes del acuerdo son: Inicio de negociaciones: Se acuerda iniciar negociaciones para resolver las discrepancias identificadas en la Ley de Cantabria 9/2017. Designación de un Grupo de Trabajo: Se crea un Grupo de Trabajo con el objetivo de proponer una solución a la Comisión Bilateral de Cooperación. Este grupo será el encargado de analizar en detalle las discrepancias y buscar puntos de acuerdo. Comunicación al Tribunal Constitucional: Se informa al Tribunal Constitucional sobre este acuerdo, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esto implica que el Tribunal está al tanto de las negociaciones y podría intervenir si no se llega a una solución. Publicación oficial: El acuerdo se publicará tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), garantizando su transparencia y conocimiento público. En resumen, el acuerdo busca resolver las diferencias entre el Estado y Cantabria sobre aspectos específicos de la ley autonómica, estableciendo un marco de negociación y un grupo de trabajo para facilitar la búsqueda de una solución mutuamente aceptable, con la supervisión del Tribunal Constitucional.