Resolución de 20 de enero de 2005, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 133/2003, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida el 20 de enero de 2005 por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Su objeto principal es emplazar a Sonia Garbisu Crespo, Moisés García Burguillos, Josefina Latorre Arfella y María Teresa Rodríguez Navarra a comparecer ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid en un plazo de nueve días. La resolución surge a raíz de un recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado número 133/2003) interpuesto por Esperanza Hernández Herrero contra la Resolución de 28 de julio de 2003 de la Secretaría de Estado de Justicia. Esta última resolución aprobaba y publicaba la relación definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo de Secretarios Judiciales de la Administración de Justicia, en el turno restringido de concurso de méritos convocado en 2002. Por lo tanto, esta resolución afecta directamente a las cuatro personas mencionadas (Sonia Garbisu Crespo, Moisés García Burguillos, Josefina Latorre Arfella y María Teresa Rodríguez Navarra), quienes deben comparecer ante el juzgado si desean defender sus intereses en el proceso judicial. También afecta indirectamente a Esperanza Hernández Herrero, la demandante, y a la Administración de Justicia, que debe gestionar el procedimiento. La disposición más relevante es el emplazamiento en sí, que otorga a los interesados un plazo de nueve días para comparecer ante el juzgado. La resolución se basa en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece el procedimiento para emplazar a las partes interesadas en un recurso contencioso-administrativo. La resolución implica que el juzgado considera que estas cuatro personas pueden tener un interés legítimo en el resultado del litigio y, por lo tanto, deben tener la oportunidad de participar en el proceso.