Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 14/2009, interpuesto ante Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida el 20 de febrero de 2009 por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Su objeto principal es emplazar a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 14/2009, interpuesto por Don Juan Manuel Apellaniz Fernández ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la Resolución de 29 de octubre de 2008 del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, que a su vez desestimó el recurso de alzada presentado contra el acuerdo del 18 de abril de 2008 del Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas de acceso por el turno de promoción interna al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Estas pruebas fueron convocadas mediante la Orden JUS/2976/2006 y la Orden JUS/1777/2008, que publicó la relación definitiva de aprobados. Esta resolución afecta a todos aquellos que tengan un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo, es decir, a aquellos que pudieran verse afectados por la decisión judicial que se tome en relación con la impugnación de la resolución sobre las oposiciones. La disposición más relevante es el emplazamiento a los interesados para que comparezcan ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de nueve días, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Este emplazamiento les permite personarse en el procedimiento y defender sus intereses. En resumen, la resolución busca garantizar el derecho a la defensa y a la participación en el proceso judicial de todos aquellos que puedan verse afectados por la decisión final.