Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Resumen

Este documento es una Resolución del Congreso de los Diputados que ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 11/2018. El objeto principal de la Resolución es dar publicidad a la convalidación por parte del Congreso del Real Decreto-ley 11/2018. Este Real Decreto-ley abarca diversas materias, incluyendo: Protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores: Transpone directivas europeas destinadas a proteger los derechos de los trabajadores en relación con sus pensiones. Prevención del blanqueo de capitales: Incorpora medidas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros: Regula las condiciones de entrada y residencia de ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea. Modificación de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Introduce cambios en la normativa que regula el funcionamiento de las administraciones públicas. Esta Resolución afecta indirectamente a todos los ciudadanos y entidades que se vean afectados por las materias reguladas en el Real Decreto-ley 11/2018, incluyendo trabajadores, empresas, instituciones financieras, nacionales de terceros países y las administraciones públicas. La disposición más relevante es la orden de publicación del Acuerdo de Convalidación, ya que esto implica que el Real Decreto-ley 11/2018 ha sido ratificado por el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, tiene plena validez y efectos legales. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) asegura que la información sea accesible al público y que las disposiciones del Real Decreto-ley sean de obligado cumplimiento.