Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

Resumen

Este documento es una Resolución del Congreso de los Diputados que ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2018. El objeto principal de la Resolución es dar publicidad a la decisión del Congreso de los Diputados de convalidar el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. La convalidación implica que el Congreso aprueba y valida el Real Decreto-ley, convirtiéndolo en una norma con rango de ley. El Real Decreto-ley 23/2018, que es el objeto de la convalidación, aborda la transposición de directivas europeas en tres áreas específicas: Marcas: Adapta la legislación española a las directivas europeas en materia de marcas, probablemente actualizando la normativa sobre registro, protección y uso de marcas. Transporte ferroviario: Transpone directivas relacionadas con el transporte ferroviario, lo que podría afectar a la regulación de la infraestructura, la seguridad, la interoperabilidad y la competencia en el sector. Viajes combinados y servicios de viaje vinculados: Incorpora directivas sobre la protección de los consumidores que adquieren viajes combinados o servicios de viaje vinculados, estableciendo derechos y obligaciones para los organizadores y minoristas de viajes. La Resolución afecta indirectamente a todos los ciudadanos y entidades que operan o se ven afectados por las materias reguladas en el Real Decreto-ley 23/2018, es decir, empresas que gestionan marcas, operadores ferroviarios, agencias de viajes, consumidores que adquieren viajes combinados y servicios de viaje vinculados, entre otros. La disposición más relevante** es la propia convalidación del Real Decreto-ley 23/2018 por parte del Congreso de los Diputados, ya que esta acción le otorga plena validez y eficacia jurídica al Real Decreto-ley, permitiendo su aplicación en el ordenamiento jurídico español. La publicación ordenada por la Resolución asegura que la convalidación sea de conocimiento público.