Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/330/2019, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2019.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida el 23 de octubre de 2019 por la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno de España. Su objeto principal es dar cumplimiento a una solicitud del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1/330/2019. El recurso fue interpuesto por la Asociación Escalada Sostenible Zona Centro contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2019, que aprueba el Plan de Protección Medioambiental del Bosque de la Herrería. Por lo tanto, la resolución afecta directamente a la Asociación Escalada Sostenible Zona Centro, al Consejo de Ministros (como parte demandada), y a todas aquellas personas físicas o jurídicas que puedan verse afectadas por el Plan de Protección Medioambiental del Bosque de la Herrería, ya sea porque se derivan derechos a su favor del acuerdo impugnado o porque tienen un interés directo en su mantenimiento. Las disposiciones más relevantes de la resolución son: Orden de remisión del expediente administrativo: Se acuerda enviar al Tribunal Supremo el expediente administrativo completo relacionado con el recurso contencioso-administrativo interpuesto. Esto es un paso procesal necesario para que el Tribunal pueda analizar el caso. Emplazamiento a terceros interesados: Se emplaza a cualquier persona física o jurídica que pueda tener un interés en el mantenimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, o cuyos derechos se vean afectados por dicho acuerdo, a comparecer y personarse ante el Tribunal Supremo en un plazo de nueve días a partir de la notificación o publicación de la resolución. Esto garantiza que todas las partes potencialmente afectadas tengan la oportunidad de defender sus intereses en el proceso judicial.