Resolución de 24 de enero de 2005, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-ro 382/2004-D, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, número 7, de Madrid.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Su objeto principal es emplazar a terceros interesados en un recurso contencioso-administrativo específico. A quién afecta: La resolución afecta a todas aquellas personas que puedan tener un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo número 382/2004-D, interpuesto por Doña Hortensia Pardo Piña ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid. Específicamente, se refiere a aquellos que fueron nombrados funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa mediante la Orden JUS/3248/2004, de 24 de septiembre, tras superar las pruebas selectivas de promoción interna convocadas por Orden JUS/1276/2002. Disposiciones más relevantes: Identificación del Recurso: Se identifica claramente el recurso contencioso-administrativo al que se refiere la resolución (número 382/2004-D) y el juzgado donde se tramita. Objeto del Recurso: Se especifica que el recurso se interpone contra la Orden JUS/3248/2004, que nombró a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Emplazamiento: La disposición clave es el emplazamiento a los interesados para que comparezcan ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid. Plazo: Se establece un plazo de nueve días, a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que los interesados comparezcan. Fundamento Legal:** Se basa en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para realizar el emplazamiento. En resumen, la resolución busca garantizar el derecho de defensa y la participación en el proceso judicial de todas aquellas personas que puedan verse afectadas por la decisión que se tome en el recurso contencioso-administrativo mencionado. Les notifica formalmente la existencia del recurso y les invita a personarse en el procedimiento para defender sus intereses.