Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 11/2013, interpuesto contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima.

Resumen

Este documento es una Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que tiene como objeto principal emplazar a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo número 11/2013. Este recurso fue interpuesto por Don Ramón Entrena Cuesta y otros ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima. El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, que aprueba los modelos 696 (autoliquidación) y 695 (solicitud de devolución) de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Esta Orden también determina el lugar, la forma, los plazos y los procedimientos de presentación de dichos modelos. Esta resolución afecta a cualquier persona o entidad que pueda tener un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden HAP/2662/2012. La disposición más relevante es el emplazamiento a los interesados para que, si lo desean, se personen en el procedimiento judicial. Se les concede un plazo de nueve días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución, para personarse ante la Audiencia Nacional. La resolución cita el artículo 49 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como base legal para este emplazamiento. En esencia, la resolución busca garantizar que todos aquellos que puedan verse afectados por la decisión judicial tengan la oportunidad de defender sus intereses en el proceso.