Resolución de 4 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 1/13/2009, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta y se emplaza a los interesados en el mismo.

Resumen

Resumen de la Resolución de 4 de junio de 2009 Este documento es una Resolución emitida por la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia. Su objeto principal es doble: 1. Remitir el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo número 1/13/2009 al Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo (Sección Cuarta). Este recurso fue interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. 2. Emplazar a los interesados en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, para que se personen en el proceso judicial. ¿A quién afecta? Esta resolución afecta principalmente a: El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, como parte recurrente. Todas las personas físicas y jurídicas a las que el Real Decreto 1837/2008 les haya otorgado o pueda otorgar derechos, o que tengan un interés directo en que dicho Real Decreto se mantenga vigente. Es decir, afecta a aquellos que se benefician o se verían perjudicados por la anulación o modificación del Real Decreto impugnado. Disposiciones más relevantes: Se ordena la remisión del expediente administrativo al Tribunal Supremo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se emplaza a los interesados a comparecer ante el Tribunal Supremo en un plazo de nueve días a partir de la notificación o publicación de la resolución, conforme al artículo 49 de la misma ley. Este emplazamiento es crucial, ya que permite a los interesados defender sus derechos y participar en el proceso judicial. El Real Decreto impugnado (1837/2008) se refiere a la incorporación al ordenamiento jurídico español de las Directivas 2005/36/CE y 2006/100/CE, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esto indica que el recurso contencioso administrativo probablemente cuestiona la forma en que España ha implementado estas directivas europeas.