Resolución de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 590/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

Resumen

Resumen de la Resolución de 5 de junio de 2019 Este documento es una Resolución emitida por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Su objeto principal es emplazar (notificar formalmente) a todos los funcionarios que puedan tener un interés en el recurso contencioso-administrativo número 590/2019, interpuesto por Doña Ana Belén Núñez Ruano ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima. A quién afecta: La resolución afecta directamente a todos los funcionarios que puedan verse afectados por la Resolución de la Subsecretaría de 12 de marzo de 2019, que a su vez desestimó el recurso de reposición contra la Resolución de la Subsecretaría de 21 de diciembre de 2018 (publicada en el BOE el 9 de enero de 2019). En esencia, afecta a aquellos funcionarios que se vieron afectados por la resolución inicial y cuyo recurso fue desestimado. Disposiciones más relevantes: Emplazamiento: La resolución ordena el emplazamiento de los funcionarios interesados para que puedan comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y defender sus intereses en el proceso judicial. Plazo: Se concede un plazo de nueve días, a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución, para que los funcionarios interesados se personen ante el Tribunal. Base legal: La resolución se emite en cumplimiento de una orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dentro del procedimiento contencioso-administrativo 590/2019. Objeto del recurso: El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Subsecretaría de 21 de diciembre de 2018. En resumen, la resolución es un trámite procesal que busca garantizar que todos los posibles afectados por una decisión administrativa impugnada judicialmente tengan la oportunidad de participar en el proceso judicial y defender sus derechos.