Resolución de 7 de febrero de 2005, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 12/2005, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 8, de Madrid.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Su objeto principal es emplazar (notificar formalmente) a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el recurso contencioso-administrativo número 12/2005, para que comparezcan ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid. A quién afecta: La resolución afecta a todos los interesados en el procedimiento abreviado número 12/2005, es decir, a aquellas personas que puedan verse afectadas por la decisión judicial que se tome en relación con el recurso interpuesto por Dña. Blanca Isabel Aizpitarte Tellechea. Esto incluye, presumiblemente, a otros aspirantes que participaron en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno de promoción interna. Disposiciones más relevantes: Existencia del Recurso: Se informa de la existencia de un recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado número 12/2005) interpuesto por Dña. Blanca Isabel Aizpitarte Tellechea contra la Resolución de 5 de noviembre de 2004. Objeto del Recurso: El recurso impugna la Resolución que desestimó el recurso de reposición contra la Orden JUS/1068/2004, que aprobó la lista definitiva de aspirantes que superaron las pruebas de acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (promoción interna). Emplazamiento: Se emplaza a los interesados para que comparezcan ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid en un plazo de nueve días. Este plazo se cuenta a partir de la publicación de esta resolución. Base Legal: El emplazamiento se realiza de conformidad con el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En resumen, la resolución busca garantizar el derecho a la defensa y la participación en el proceso judicial de todos aquellos que puedan verse afectados por la decisión que se tome en el recurso contencioso-administrativo interpuesto.