Sentencia de 1 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo 844/2022, contra el Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el ámbito de la inclusión social.

Resumen

Este documento es una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España, fechada el 1 de julio de 2024, que resuelve el recurso contencioso-administrativo número 844/2022. El objeto principal de la sentencia es la anulación del Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, que regulaba la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe total de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La sentencia afecta principalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como a las entidades que se hubieran beneficiado o pudieran haberse beneficiado de las subvenciones reguladas por el Real Decreto anulado. De manera específica, afecta a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que fue la parte recurrente en el proceso. Las disposiciones más relevantes de la sentencia son: Estimación del recurso contencioso-administrativo: El Tribunal Supremo falla a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, considerando que el Real Decreto 378/2022 es contrario a derecho. Anulación del Real Decreto 378/2022: Como consecuencia de la estimación del recurso, el Tribunal Supremo anula completamente el Real Decreto, dejándolo sin efecto. Esto implica que las subvenciones que se iban a conceder directamente bajo este Real Decreto ya no podrán ser otorgadas, al menos en los términos previstos originalmente. Costas procesales:** La sentencia remite al último fundamento de derecho para la determinación de las costas procesales, lo que implica que se decidirá en una fase posterior quién debe asumir los gastos del juicio. En resumen, la sentencia del Tribunal Supremo anula un Real Decreto que regulaba la concesión directa de subvenciones en materia de inclusión social, lo que tiene importantes implicaciones para la política social del gobierno y para las entidades que se beneficiarían de estas ayudas. La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha logrado que se declare nula la norma impugnada.