Sentencia de 10 de enero de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 94/2023 contra el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU.

Resumen

Este documento es una sentencia judicial emitida el 10 de enero de 2024 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España. Específicamente, se trata de una resolución sobre un recurso contencioso-administrativo (número 94/2023) interpuesto contra el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre. El objeto principal de la sentencia es la anulación del Real Decreto 1027/2022. Este Real Decreto regulaba la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales (organizaciones empresariales y sindicales) para proyectos de digitalización del sector productivo, financiados con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La sentencia afecta directamente a los interlocutores sociales que se beneficiarían de las subvenciones reguladas por el Real Decreto anulado, así como a la Administración Pública responsable de la gestión de dichos fondos. Indirectamente, afecta al sector productivo en general, ya que la digitalización prevista mediante estas subvenciones se ve ahora comprometida. Las disposiciones más relevantes son: Estimación del recurso: El Tribunal Supremo falla a favor del recurrente, la Confederación Nacional de Pymes (CEPME). Anulación del Real Decreto 1027/2022: El Tribunal Supremo declara nulo el Real Decreto, lo que implica que la regulación de la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización queda sin efecto. Costas:** La sentencia indica que se estará a lo dispuesto en el último fundamento de derecho en cuanto a las costas procesales, lo que generalmente implica que cada parte asume sus propias costas. En resumen, la sentencia anula un Real Decreto que facilitaba la digitalización del sector productivo a través de subvenciones directas a interlocutores sociales, generando incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos de digitalización previstos y la gestión de los fondos europeos destinados a este fin.