Sentencia de 24 de junio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 891/2023 contra el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.

Resumen

Este documento es una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España, fechada el 24 de junio de 2024, que resuelve el recurso contencioso-administrativo número 891/2023. El objeto principal del recurso es la impugnación del Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, que regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985. La sentencia afecta directamente a las personas afectadas por la talidomida en España, especialmente a aquellas que ya habían sido reconocidas como tales por una Administración autonómica antes de la entrada en vigor del Real Decreto 574/2023. También afecta indirectamente al Ministerio competente en la gestión de las ayudas y a la Administración General del Estado. Las disposiciones más relevantes de la sentencia son: Estimación parcial del recurso: El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Porfirio y otros recurrentes. Declaración de nulidad parcial del Real Decreto 574/2023: Se declara la nulidad de ciertos apartados del Real Decreto, específicamente: El apartado c) del artículo 2. El apartado h) del artículo 6. El apartado 2 del artículo 8. Alcance de la nulidad: La nulidad se limita a la aplicación de los apartados mencionados a personas que ya habían sido reconocidas como afectadas por la talidomida por una Administración autonómica. Esto significa que el Real Decreto no puede exigirles un nuevo proceso de reconocimiento. Costas: No se imponen las costas del proceso a ninguna de las partes. Publicación: Se ordena la publicación del fallo de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En resumen, la sentencia del Tribunal Supremo corrige parcialmente el Real Decreto 574/2023 para proteger los derechos de las personas afectadas por la talidomida que ya habían sido reconocidas como tales por las Comunidades Autónomas, evitando que tengan que someterse a un nuevo proceso de reconocimiento a nivel estatal.