Sentencia de 29 de septiembre de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo 690/2024, interpuesto por la representación procesal de la Asociación de empresas de Servicios para la Dependencia, la Asociación estatal de entidades de servicios de atención a domicilio, la Federación empresarial de la Dependencia y el Círculo empresarial de atención a personas; contra el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.

Resumen

Este documento es una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España, fechada el 29 de septiembre de 2025. El objeto principal de la sentencia es la resolución del recurso contencioso-administrativo número 690/2024, interpuesto por cuatro asociaciones empresariales del sector de la dependencia y la atención domiciliaria: AESTE, ASADE, FED y CEAPS. El recurso se dirige contra el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, que regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. La sentencia afecta directamente a las partes del proceso, es decir, a las asociaciones recurrentes y a la Administración demandada (presumiblemente el Gobierno de España). Indirectamente, afecta a todos los empleadores y empleados del hogar familiar, así como a las empresas del sector de la dependencia y la atención domiciliaria, ya que la regulación de la seguridad y salud en este ámbito impacta en sus operaciones y responsabilidades. Las disposiciones más relevantes de la sentencia son: Estimación del recurso contencioso-administrativo: El Tribunal Supremo falla a favor de las asociaciones recurrentes. Anulación de la disposición final primera del Real Decreto 893/2024: El Tribunal Supremo declara nula esta disposición específica del Real Decreto, considerándola contraria a derecho. Esto implica que la disposición anulada deja de tener validez legal y no puede ser aplicada. Imposición de costas a la Administración demandada: La Administración, al perder el caso, debe asumir los gastos judiciales generados. Orden de publicación del fallo en el Boletín Oficial del Estado (BOE): Esto asegura la publicidad y conocimiento general de la sentencia y sus efectos. En resumen, la sentencia del Tribunal Supremo anula una parte del Real Decreto que regulaba la seguridad y salud en el servicio del hogar familiar, dando la razón a las asociaciones empresariales que recurrieron la norma. La anulación de la disposición final primera del Real Decreto implica que la regulación en esta materia queda modificada, y la Administración deberá considerar las implicaciones de esta sentencia para futuras regulaciones.